La nueva hipótesis científica en que trabajan los investigadores Jorge Antonio Montemayor Aldrete, del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Pablo Ugalde Vélez, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Atzcapotzalco, se centra en los crematorios del ejército y en privados, donde "probablemente" habrían sido llevados los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Ambos investigadores desmontaron el pasado 10 de diciembre la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) que afirmaba que los 43 normalistas fueron incinerados en un basurero del municipio de Cocula, Guerrero.
Ahora, con nuevas evidencias, la línea indagatoria se dirige al ejército peñista, por su presunta implicación en la desaparición forzada de los normalistas: "La hipótesis es bastante probable porque los estudiantes pueden haber sido incinerados en crematorios modernos del ejército o de empresas privadas, con instalaciones suficientemente grandes y con morgue (depósito de cadáveres)", dice en entrevista con La Jornada el doctor Jorge Antonio Montemayor Aldrete.
Actividad de crematorios
Los investigadores han empezado a buscar información sobre la actividad de los crematorios militares, no sólo por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sino por dos vías más: la fiscal y la empresarial.
"El que nada debe, nada teme. Si el ejército se comporta dentro del marco constitucional, ¿cuál es el problema para que nos permita revisar la bitácora de uso de sus crematorios y los recibos correspondientes de consumo de gas del año reciente para observar de forma transparente si hubo un incremento en el gasto", dice Montemayor Aldrete.
En caso de que el ejército se niegue ha proporcionar la información, lo cual es previsible debido a la falta de transparencia que caracteriza a esa institución castrense, se buscará otra forma.
"Aunque el ejército no proporcione los datos, se le pide a las compañías que entregan gas regularmente a los campos militares para ver si registró un aumento fuerte entre el 26 y 28 de septiembre o fechas cercanas.
Por el lado fiscal, la empresa que vende gas tiene obligación de decir a quién, cuándo y qué cantidad vendió y obligación por cinco años de retener esa información para Hacienda."
Originario de Monterrey, el doctor Montemayor Aldrete explica detalladamente, con documentos, su hipótesis.
De acuerdo con un estudio del departamento de sustentabilidad, medio ambiente, agua, población y comunidades del gobierno de Australia, el consumo para realizar una cremación humana es de 53.285 kilogramos de fluído.
Agrega que "eso significaría que ningún otro cadáver se cremaría allí. Además, implicaría un control que sólo podría ejercer el Estado sobre la crematoría privada, algo muy poco probable. Es más factible el horno del ejército".
Montemayor Aldrete hace recuento de los crímenes de Estado del ejército, una institución, dice, cuestionada seriamente por conducirse por encima de la ley debido al fuero militar que protege a sus elementos, pese a sus delitos. Señala las últimas noticias que hablan de su implicación directa en el crimen de Ayotzinapa.
"Si se llegara a comprobar nuestra hipótesis tendría que aplicarse la Constitución; los culpables tendrían que ser juzgados y aplicada la ley. Es un horrendo crimen y la situación es tan delicada que si dejáramos pasar esto podríamos caer muy fácilmente en un Estado neofascista. Todas las fuerzas sanas del ejército, la marina y la sociedad tenemos que exigir que esos miembros de las fuerzas armadas que hayan confabulado, junto con gente del gobierno federal para cometer este crimen de Estado, se les haga a un lado y se les enjuicie. Yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias. A mí me podrán matar, pero no me asustan."
La ley y la verdad
El doctor Montemayor Aldrete cambia su semblante, sonríe como si fuera previsible lo que va a decir. Mueve sus manos mientras habla y denuncia que desde hace días lo andan siguiendo; comenta que incluso ha recibido amenazas telefónicas: “Asumo que me están diciendo: ‘Estamos escuchando tus llamadas’. No entiendo nada. La Procuraduría General de la República (PGR) tendría que brincar de gusto porque un científico está ayudando a resolver el crimen de Ayotzinapa. ¿Quién me está vigilando y amenazando? ¿El ejército?, ¿el Cisen? Los documentos los entregamos con firmas para que aun en caso de que me quieran hacer resbalar con una cáscara de plomo, de cualquier forma el asunto siga adelante. El pueblo tiene derecho a que impere el orden constitucional, tiene derecho a que se conozca la verdad”.
Desde hace unas semanas está asesorando a los padres de los normalistas desaparecidos en una labor de peritaje, para que sus estudios tengan peso jurídico dentro del procedimiento que los familiares de las víctimas siguen en la PGR.
El investigador titular del Instituto de Física de la UNAM se muestra comprometido en el esclarecimiento del destino de esos 42 normalistas: "Este crimen no debe caer en el olvido, no podemos darle vuelta a la hoja. Las armas del ejército son para defender a la nación y al pueblo".
Con información de La Jornada
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