Las quejas contra los despachos fueron presentadas ayer al funcionario José de Jesús Marroquín Pérez, quien se comprometió a detener los abusos, siempre y cuando se le hicieran llegar pruebas concretas.
La dirigente local de El Barzón, Griselda Sosa Beltrán, indicó que los 18 despachos que contrataron en el estado para abatir la cartera vencida, operan bajo las condiciones de un contrato firmado con el instituto. Casi todos tienen operaciones en esta ciudad.
Sosa por su parte, señaló que esas prácticas están causando tanto estrés que las personas están enfermando de padecimientos relacionados con la tensión, expresaron varios acreditados morosos durante una reunión con funcionarios del Infonavit.
Incluso la dirigente barzonista dijo que en mayo pasado una persona murió días después de que le negaron la reestructura de un crédito.
“Claro que ya traía problemas, pero una noticia como esa acaba con la salud, porque no duermen, no comen y están todo el tiempo preocupados”, dijo.
Por mencionar un ejemplo de los casos presentados ayer, María de Jesús Betancourt Ballesteros, repitió con un nudo en la garganta las palabras de su nieta de 10 años, con quien los despachos dejaron un mensaje: “Ándale abuela que nos van a sacar de la casa”.
En varios de los casos presentados, acreditados que enfrentan un juicio hipotecario, mencionaron que los despachos les ofrecieron cantidades de entre 5 mil y 20 mil pesos para que se salieran de su vivienda, y así poderla vender.
También se quejaron de llamadas en domingo a las 6 de la mañana, y de la forma prepotente en la que llegan los representantes de los despachos tomando fotos a la vivienda y sus habitantes, amenazando con usar la fuerza pública para el desalojo.
El delegado del Infonavit pidió que le hicieran llegar denuncias y que recopilaran pruebas para actuar contra los despachos, que pueden hacerse acreedores a ciertas sanciones contempladas en los contratos.
Los líderes barzonistas invitaron a los contribuyentes a reunir pruebas pero para presentar demandas a través de la Fiscalía General del Estado, pues ya hay una ley que protege a los deudores de las malas prácticas de cobranza.
Según la ley aprobada, los despachos no deben usar nombres que se asemejen a los de instituciones públicas ni tampoco bloquear los identificadores de llamadas como “confidencial”, “oculto”, “privado”. Tienen prohibido amenazar, ofender o intimidar al deudor, sus familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda.
Los despachos también tienen prohibido hacer gestiones de cobro a terceros, sólo deben hablar con deudores solidarios o avales tratándose de un primer contacto. Tampoco deben enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales ni ostentarse como representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad.
Incumplen la ley si pegan listas negras, cartelones, o anuncios, que hagan del conocimiento del público la negativa de pago de los deudores y tampoco deben recibir por cualquier medio y de manera directa el pago del adeudo, ni hacer gestiones de cobro, negociación o reestructuración con menores de edad o adultos mayores.
Además los despachos deben identificarse con razón social, domicilio, número telefónico y nombre de las personas responsables de la cobranza, así como la entidad financiera que otorgó el crédito.
También están obligados a identificar el contrato causa de la deuda en que se basa la acción de cobranza, el monto y fecha de cálculo, así como las condiciones para liquidar el adeudo.
Los despachos deben informar el domicilio, correo electrónico y número telefónico de la unidad administrativa de la entidad financiera que recibirá las quejas por malas prácticas de cobranza, y que el pago sólo podrá ser realizado a la entidad financiera que otorgó el crédito, préstamo o financiamiento.
También están obligados a documentar por escrito cualquier acuerdo de pago o reestructuración de los créditos, préstamos o financiamiento, indicando los términos y condiciones que permitan identificar la oferta, descuento, condonación o quita, y enterar a la entidad financiera.
Con información de El Diario de Chihuahua
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