Los dos abogados enfrentaban la demanda por daño moral que presentó en su contra Víctor Daniel Reyes Bravo, quien incriminó de manera falsa a José Antonio Zúñiga en un asesinato, según la propia cinta.
La resolución de los magistrados Marco Antonio Ramírez Cardoso, María del Socorro Vega Zepeda y Julio César Meza Martínez confirmó la sentencia en primera instancia, con lo que también absuelve de cualquier pago por daño moral a empresas como Cinépolis, por la distribución del largometraje.
La sentencia señala que Víctor Daniel Reyes Bravo, primo de la víctima de asesinato y testigo de cargo en el proceso penal que provocó el encarcelamiento de José Antonio Zúñiga, Toño, no consiguió acreditar el daño moral denunciado, sólo presentó testimonios de personas que supuestamente observaron agresiones en su contra, y que además no recordaban con exactitud la fecha de los hechos.
Aunque Víctor Daniel Reyes Bravo perdió en segunda instancia, aún podría impugnar la sentencia y promover un juicio de amparo ante la justicia federal, que hasta el momento no ha sido presentado.
En febrero pasado, la juez octava en materia civil del Distrito Federal, Yolanda Zequeira, absolvió a los productores del documental de la demanda que todavía quedaba pendiente y en la que se les reclamaba la propiedad intelectual de uno de los personajes de la cinta.
En su sentencia, la juez señaló que el policía que los demandó por usar su imagen “no acreditó la existencia de daño alguno a su persona”. En consecuencia, decretó absolver a todos los condenados de todas las prestaciones reclamadas por el demandante.
Dicha sentencia se refiere a una demanda que se presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) por un policía que aparece en la cinta y que fue quien detuvo a Toño.
Ese policía reclamaba daño moral y pretendía obtener un pago por el uso de su imagen en la película, ya que él aparece declarando en el juzgado en el que se desarrolla el juicio.
Antes, el pasado 30 de enero, el Juzgado 18 en Materia civil 18 emitió sentencia favorable para los productores de Presunto Culpable. En ese juicio fueron demandados por Víctor Reyes Bravo, quien aparece como testigo; José Manuel Ortega, el excomandante de la Policía Judicial que detuvo a José Antonio Zúñiga, y la familia del hombre que fue asesinado y por quien Zuñiga pasó injustamente dos años en la cárcel.
Con ello, los abogados Layda Negrete y Roberto Hernández quedaron libres de cargos como el uso de imagen de personas sin autorización y, además, se levantó la prohibición de la comercialización y proyección de la obra.
El documental, que muestra las fallas en el sistema judicial mexicano a través del caso de Antonio Zúñiga, condenado a 20 años de prisión por un delito que no cometió, ganó un Emmy por periodismo de investigación en 2011, pero su venta en DVD se vio obstaculizada a raíz de las demandas.
La cinta, que se realizó en el Reclusorio Oriente y en los Tribunales de Justicia, muestra cómo la vida de José Antonio Zúñiga dio un giro radical cuando, el 14 de diciembre de 2005, policías de la Ciudad de México lo arrestaron abruptamente en la delegación Iztapalapa, acusándolo de homicidio.
Preso por un crimen que no cometió, Toño contactó a los abogados Layda Negrete Sansores y Roberto Hernández Ruiz, quienes tomaron el caso con la esperanza de regresarle la libertad.
Tras noches de desvelo y una investigación exhaustiva, descubrieron que el abogado defensor en el juicio condenatorio había litigado con una cédula profesional falsa. Ese descubrimiento permitió reabrir el caso y anular la sentencia para comenzar un nuevo juicio y emprender la lucha por la libertad del joven tianguista de 26 años de edad, quien finalmente fue absuelto.
Con información de Proceso
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