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sábado, 3 de enero de 2015

Nueva ley en Bolivia obliga a medios a pagar seguro de vida a sus periodistas

Anon Hispano - 17:30
La Ley de Seguro de Vida e Invalidez para los Trabajadores de la Prensa de Bolivia entró en vigor el 1 de enero de 2014. Se creó un Fondo de Financiamiento con participación del Estado, el cual se financiará con aportes mensuales del 1% de ganancias después de impuestos de los medios de comunicación privados y estatales.




El monto “del pago único indemnizatorio o capital asegurado a favor de los beneficiarios del Seguro será definido por el Consejo Directivo del Fondo de Financiamiento de este Seguro, en función a la disponibilidad de los recursos con los que cuente”, informó el Ministerio de Comunicación del gobierno de Bolivia en un comunicado.

“El Gabinete Ministerial aprobó el último miércoles de 2014, las modificaciones al Decreto Supremo 1557 (de 10 de abril de 2010) del Seguro Privado de Vida para Trabajadoras y Trabajadores de la Prensa de Bolivia ‘Hermanos Peñasco Layme’, con lo que este beneficio entra en vigencia a partir de 2015”, según el informe

Son al menos once artículos del DS 1557 que fueron modificados de acuerdo a las observaciones que realizó el Tribunal Constitucional Plurinacional.

En tal sentido, se agrega, hasta el 25 de cada mes siguiente al que generaron los “ingresos reales”, los medios de comunicación deberán depositar los aportes a una cuenta destinada para la conformación del Fondo que financiará la póliza del Seguro Privado de Vida e Invalidez Permanente. Será en la entidad financiera que el Consejo autorice.

“De no realizar el aporte, o que el mismo sea mínimo, se aplicará una multa por los días de retraso. Y en caso de que este incumplimiento se extienda hasta 45 días calendario se aplicarán sanciones administrativas, así el Consejo Directivo puede solicitar al nivel central del Estado la suspensión de publicidad a favor del medio de comunicación incumplido”, según el comunicado.

El Consejo Directivo del “Fondo de Financiamiento del Seguro Privado de Vida e Invalidez Permanente por Accidentes, Enfermedades en General u otras Causas” estará conformado por cinco miembros: dos representantes de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, uno de los medios de comunicación públicos, uno de los medios privados y un representante del Ministerio de Comunicación.

La asignación de los miembros se realizará en los próximos 15 días. El Consejo estará presidido por la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia. Entre tanto, las organizaciones gremiales de trabajadores y trabajadoras de la prensa del país deberán actualizar los registros de sus miembros en un plazo de 30 días hábiles.

La Naturaleza jurídica del Fondo constituye un “patrimonio autónomo inembargable, independiente, distinto y diverso del patrimonio de la entidad que los administra”.

Polémica por la nueva ley

Según Los Tiempos, esta Ley había sido impulsada por los trabajadores de los medios de comunicación en marzo de este año, luego de la muerte violenta de un colega.

Si bien en un primer momento la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia apoyó la iniciativa, la organización criticó el texto aprobado finalmente, sosteniendo que “desvirtúa el propósito para el que ha sido formalmente concebido”, al crear una carga impositiva sobre los medios de comunicación.

Asimismo, cuestionó la creación de un fondo económico que “puede convertirse en una potencial fuente de intereses políticos, de corrupción y de otras prácticas” que van en contra de los valores éticos del periodismo.

En base a estos argumentos, la ANP, junto con la Asociación de la Prensa de la Paz y los sindicatos de algunos periódicos como La Razón y El Diario rechazaron la aprobación de la norma, a la que calificaron como “no consensuada”.

Por su parte, los trabajadores del diario La Razón sostuvieron que recurrirían al Tribunal Constitucional, al considerar que la nueva Ley podría afectar sus derechos y la estabilidad laboral.

Frente a estos argumentos, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, señaló que esta ley no afecta ningún derecho de los trabajadores debido a que “prohíbe la eliminación de cualquier beneficio con el pretexto de pagar este beneficio”, cita Los Tiempos.

Con información de Al Margen
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