El Instituto informó por medio de un comunicado de prensa que su decisión corresponde a la negativa del ejército ante una solicitud de un particular a revelar dicha información argumentando que se trataba de información reservada “por estar vinculada a una averiguación previa y a un expediente judicial por delitos militares”.
El particular había presentado un recurso de revisión ante el IFAI el cual fue turnado a la comisionada María Patricia Kurczyn, donde manifestó que el 25 de septiembre de 2014 el sujeto obligado emitió un comunicado en el que hizo del conocimiento que se pusieron a disposición de un juzgado militar a un oficial y siete elementos de tropa.
En ese sentido, indicó que su petición es para que se precise el número total de elementos, los datos relativos al grado y la unidad a la que pertenecían, con lo cual no se pretende obtener información que pueda vulnerar la investigación. En su oficio de alegatos, la Secretaría de la Defensa reiteró su respuesta original.
En el análisis del caso, la comisionada ponente señaló que la propia Sedena, en el comunicado de prensa mencionado, informó a la opinión pública que fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar un oficial y siete elementos de tropa que participaron en los hechos.
Sin embargo, ”la ponente consideró de gran relevancia dar a conocer la información, ya que los militares, dijo, como servidores públicos, deben estar sujetos al escrutinio de la ciudadanía”.
Kurczyn Villalobos consideró que los militares como servidores públicos deben estar sujetos al escrutinio de la ciudadanía.
“Sobre todo cuando en la actualidad nos encontramos ante una crisis en materia de derechos humanos. En ese sentido, se garantiza la máxima publicidad, prevista en el artículo sexto de la Constitución, y se ofrece a la sociedad la claridad necesaria para confiar en quienes deben resguardar la seguridad nacional y la paz pública”, dijo.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) informó, por medio de un comunicado de prensa, que el pasado 21 de octubre realizó una solicitud de acceso a información pública a la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam para conocer cuántos dictámenes han sido realizados en la investigación del caso Tlatlaya así como para obtener copia simple de los mismos.
En respuesta, la PGR, mediante oficio número SJAI/DGAJ/11187/2014, dijo que se han realizado 11 dictámenes en la investigación. Pero dijo que no otorgaría la versión pública de los mismos debido a que es información reservada.
Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, fue el primero el declarar “reservada” la investigación del caso; antes, defendió la actuación del ejército aunque se trató de ejecuciones sumarias. Posteriormente se dio a conocer que la Secretaría de la Defensa (Sedena) aprobó una resolución, la CI/RIR/1183/14, en la que responde a un ciudadano que también quedará oculta la investigación.
El gobierno de México ha sido duramente cuestionado por organismos internacionales debido al caso Tlatlaya. En un principio se trataron de negar los hechos, con apoyo de Raúl Plascencia, entonces titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); ahora, se ha recurrido a “congelar” o reservar la información.
Con información de Sin Embargo
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