Integrantes de las Fuerzas de Paz de ONU abrieron fuego el viernes contra los manifestantes que marchaban por calles de Puerto Príncipe exigiendo un cambio de gobierno y elecciones, que han sido postergadas
PUERTO PRINCIPE. La misión de paz de Naciones Unidas en Haití dijo que investigará los señalamientos de que sus tropas hicieron un uso excesivo de fuerza contra la multitud durante una protesta violenta.
Integrantes de las Fuerzas de Paz de ONU abrieron fuego el viernes contra los manifestantes que marchaban por calles de Puerto Príncipe exigiendo un cambio de gobierno y elecciones, que han sido postergadas.
Algunos de los manifestantes quemaron neumáticos y se enfrentaron con las tropas de la ONU y la policía, que también arrojó gas lacrimógeno. Los periodistas de The Associated Press no detectaron personas lesionadas ni muertos en el incidente.
La llamada Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH) declaró a través de un comunicado el viernes por la noche que toma muy en serio las acusaciones.
“Hemos abierto inmediatamente una investigación para averiguar los hechos “, informaron funcionarios.
Horas después de la protesta, el presidente Michel Martelly anunció que aceptaba las conclusiones de una comisión creada por el gobierno para salir del estancamiento político del país, entre ellas sus recomendaciones de la renuncia del primer ministro.
Martelly dijo en un discurso a la nación que el primer ministro Laurent Lamothe estaba preparado para hacer un sacrificio y renunciar, si bien no informó cuándo dejaría el cargo. Lamothe estuvo presente durante el anuncio pero no tomó la palabra.
El reporte de la comisión también pidió la liberación de varios “presos políticos” y las renuncias del presidente de la Corte Suprema y de los actuales integrantes del Consejo Electoral Provisional de Haití.
Se suponía que Martelly convocara a elecciones presidenciales en 2011 pero ello no ha sucedido hasta ahora. Su gobierno acusa a seis senadores de la oposición de rechazar la legislación aprobada en 2013 que autorizaría las elecciones. Los senadores argumentan que la medida es inconstitucional y que favorece al gobierno.
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