Estas sanciones incluyen multas hasta por 50 salarios mínimos, que de no ser pagados habría arresto correspondiente; suspensión temporal o cancelación del permiso o licencia; clausura y/o demolición y arresto hasta por 36 horas.
La diputada priista Mayra Chávez aseguró que no se trata de intentos por afectar la libertad de expresión, sino de evitar la propagación de imágenes violentas o de contenido sexual, que vayan a caer a manos de menores de edad.
Refirió que la autoridad encargada de regular, evaluar y aplicar sanciones será el Ayuntamiento. “La Suprema Corte de Justicia establece lo que es el contenido extremadamente violento y de la afectación a terceros”, manifestó.
Puso como ejemplo alguna persona cuyo familiar resulte afectado por una publicación en categoría de violencia, que podría ser sujeto a una queja que derive en sanción administrativa contra medios de comunicación, o cualquier otra publicación.
En este sentido quedó plasmado en el artículo 28 del Código Municipal, dentro de las facultades y obligaciones de los ayuntamientos, el “sancionar la exhibición, difusión y comercialización en lugares públicos, de material extremadamente violento o cualquier otro que ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros o perturbe el orden público”.
Hizo referencia que anteriormente hubo medios de comunicación que se adhirieron a pactos y acuerdos escritos para evitar la publicación de fotos violentas o de contenido sexual, sin embargo consideró que ello debe quedar en las normas locales.
Con información de El Diario de Chihuahua
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