La acusación señala que el año pasado, cuando Barrón era comandante de zona en Puebla, la Sedena recibió una denuncia anónima de que el general habría enviado a 40 elementos de tropa a su casa de Querétaro para hacer trabajos de reparación.
Cuando se inició la indagatoria, al menos 11 elementos declararon como testigos ante la Procuraduría Militar y, de ellos, tres confirmaron que Barrón había girado órdenes para enviarlos a Querétaro, según se detalla en documentos judiciales.
Sin embargo, el caso se complicó porque algunos de los soldados que en principio aceptaron haber sido enviados al domicilio de su mando militar, después declararon, ante el juez castrense, que fueron intimidados para declarar en contra de Barrón.
El juicio que Rafael Cázarez Ayala, juez cuarto militar en el DF, le instruye al General es por los delitos de abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones, ninguno de los cuales es grave y le permiten estar libre provisionalmente.
Sin embargo, éste no el primer proceso penal que se le sigue.
Y lo exculpan de 'falsificar' auto
También este año, un juez militar dictó auto de libertad en favor de Barrón Ávila, al estimar que no existen elementos para llevar un juicio en su contra por presuntamente pintar un vehículo de su propiedad para hacerlo pasar como oficial.
En cumplimiento a una sentencia de amparo, que ordenó revisar el caso, el Juzgado Tercero Militar concluyó que la imputación carece de indicios, razón por la que no debe continuar procesado el ex comandante de la 25 Zona Militar en Puebla.
En la causa penal 61/2014, Barrón fue acusado del delito de uso de vehículo con colores con apariencia tal que se asemeje a los vehículos autorizados por las Fuerzas Armadas, previsto en el artículo 250 bis, fracción cuarta del Código Penal Federal.
Dicha conducta se castiga con uno a seis años de prisión y el pago de una multa de 100 a 300 días de salario mínimo.
Conforme a datos del expediente, Barrón fue llevado originalmente a proceso porque el dueño de un taller mecánico, de nombre Julio Islas Pérez, presentó una denuncia en su contra desde el 29 de enero de 2013 por un presunto incumplimiento de pago.
Los honorarios que reclamaba a Barrón, en ese momento comandante de la 25 Zona Militar en Puebla, eran por el servicio de pintura a la camioneta Cheyenne del General, una unidad que originalmente era de color arena.
Para la Procuraduría Militar, el general cometió un delito porque a un vehículo que era particular le desmontó la torreta y cambió el color al pixelado oficial de la Sedena, para "asemejarlo" a una unidad oficial.
En su intento por acreditar el delito, recabó un álbum fotográfico de la unidad, llevó a cabo una inspección ocular en el parque vehicular de la Zona Militar en Puebla e interrogó a varios testigos.
El problema es que este delito está básicamente previsto para quienes pretenden hacerse pasar por miembros de las fuerzas armadas, aspecto que desde un principio advirtieron los tribunales federales.
Hace unos días, el Sexto Tribunal Colegiado Penal del DF amparó al General Barrón contra esta acusación y ordenó volver a determinar si debía o no llevarse un juicio en su contra.
El órgano jurisdiccional confirmó el fallo de un juez de amparo y advirtió que Barrón sólo podía ser procesado si el juzgado militar explicaba cómo era posible que un General podía pretender hacerse pasar por integrante de las fuerzas armadas -si ya lo era- pintando una camioneta.
Fue a raíz de ese fallo que el Juzgado Tercero Militar en esta ciudad estimó que no había elementos para procesar a Barrón.
Con información de Reforma
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