Informes de inteligencia de las Procuraduría capitalina y mexiquense detallan que en la zona boscosa del Ajusco los excluidos de La Familia Michoacana y los llamados Guerreros Unidos han encontrado en este punto el lugar ideal para esconderse, tanto de las autoridades que los buscan para encarcelarlos, como del mismo grupo criminal que los vio nacer.
Según el reporte y los primeros resultados de los trabajos de investigación en la zona, esta célula criminal, compuesta por al menos 15 sujetos, cuenta con armas largas conocidas como “cuernos de chivo” y subametralladoras y encontraron en la extorsión, el cobro de piso a comerciantes y el robo de autos en la zona limítrofe entre el Estado de México y el Distrito Federal que comprende los sectores conocidos como “El Huarache” o la “Cantimplora”, la manera de subsistir.
En la zona, aseguran los habitantes, se habla nuevamente de secuestros, asesinatos y extorsión. Problemas que pensaron habían quedado en el pasado cuando la Procuraduría capitalina desmanteló a la banda de “Los Camacho”, quienes sembraron el terror al secuestrar a los mismos habitantes de la zona; ahora la situación es diferente.
Tanto la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) como la Procuraduría General de Justicia (PGJDF) conocen el problema, tanto así que reforzaron los patrullajes, la presencia policiaca y los recorridos sobre todo en las zonas donde se sabe que llegan deportistas a escalar o ejercitarse en bicicleta y en los horarios en que los dueños de ranchos y cabañas llegan los fines de semana, precisamente para evitar más secuestros.
“De dos meses a la fecha han mandado más elementos, desde la montada hasta antimotines. La orden es estar al pendiente de la zona de La Cantimplora, los límites con Xalatlaco, Toluca, todo el corredor Chiconautla, pero aún no los hemos encontrado”, explicó un policía adscrito por dos años a Tlalpan.
El secuestro de los siete atletas que se registró a finales de octubre, el hallazgo de dos cadáveres, los cuales fueron secuestrados, cercenados, torturados y arrojados en las inmediaciones de la Cantimplora y que ahora se sabe pertenecían a comerciantes del Estado de México, así como el incremento en los robos de autos y extorsión a tianguistas de aquella zona, preocupa a los lugareños.
“Ahora resulta que tengo que pagar 500 pesos a la semana a unos cabrones que ni conozco, que ni siquiera son de aquí porque si no, me chingan, me dijeron que me queman el lugar o lastiman a mi familia, así estamos todos aquí. No denunciamos porque no los detienen, no nos creen y quieren que todo lo hagamos nosotros.
“Los de la SSPDF nos dicen que vayamos a la Procuraduría, ahí nos dicen que quieren pruebas. A ver cuánto aguantamos, si nadie nos ayuda y nos defiende; los comerciantes nos vamos a armar y van a ver esos cabrones cómo les va”, explicó Mario, quien por más de cinco años ha vendido tacos de carne asada, longaniza y suadero en la entrada del pueblo de Santo Tomás Ajusco.
No hablan autoridades capitalinas
En la zona confluyen autoridades federales, del DF y del Estado de México, pero nadie asume la responsabilidad de garantizar seguridad, lo que aprovechan grupos criminales.
La SSPDF se limita a decir que después del “incidente” con los ciclistas, la seguridad fue reforzada. Y efectivamente, la presencia policiaca ha aumentado como parte del Operativo Escudo; en un recorrido realizado por El Universal, se registró la presencia de la policía montada y de granaderos, ubicados justo en la zona limítrofe con Edomex.
No así de la policía mexiquense, “esos vienen nomás para firmar el reporte, nosotros andamos de arriba abajo cuidando hasta lo que nos corresponde”, expuso un oficial destacamentado en dicho punto.
Con información de El Universal
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