El documento pide que sea “replanteada cualquier modernización al Acuerdo Global México-UE hasta que los resultados sean demostrados con hechos y (que) la confianza del pueblo mexicano hacia sus autoridades sea restablecida”.
Dirigida a la nueva Alta Representante para Asuntos Exteriores de la UE, Federica Mogherini; al vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Justicia y Derechos Fundamentales, Frans Timmermans, y a la presidenta de la Delegación para México del Parlamento Europeo, Teresa Jiménez-Becerril, la petición los exhorta a que actúen “como un verdadero socio estratégico con el pueblo de México, salvaguardando la paz, seguridad y respeto a los derechos humanos”, tal como lo indica el artículo 3.4 del Plan Ejecutivo Conjunto de la Asociación Estratégica que se adoptó en mayo de 2010.
El grupo de mexicanos y belgas recuerdan en su petición que hace dos años, en el marco de las elecciones presidenciales, ellos entregaron una carta a la entonces Alta Representante para Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, donde ya mencionaban la crisis que atravesaba México en materia de derechos humanos y corrupción.
“Dos meses después –se lamentan los mexicanos en su comunicación– recibimos una respuesta estándar (de Ashton) donde se tomaba nota de la preocupación de los firmantes y se mencionaba que la UE, a través de su Acuerdo Global, apoyaría a México en la protección y promoción de los valores compartidos, como son la democracia y los derechos humanos”.
En la petición se expone que recibieron “con mucho pesar” la resolución del Parlamento Europeo del 23 de octubre último, pues el texto “sólo condena los hechos (de Ayotzinapa) y no al gobierno de México”.
Finalmente piden a Mogherini, Timmermans y Jiménez-Becerril que “no se confundan”, puesto que no se trata sólo de 43 casos, sino los de “muchos mexicanos más que se encuentran en la misma situación, y cuyas familias están desamparadas como las de los estudiantes de Ayotzinapa: desde 2006, más de 22,000 personas han sido substraídas de sus hogares, así lo reportan Human Rights Watch y Amnistía Internacional”, explican.
Esta nueva petición escrita para detener el proceso de actualización del Acuerdo Global México-UE sucede a otras anteriores, que también fueron transmitidas a las instituciones de Bruselas. El 10 de octubre fue el grupo de los verdes en el Parlamento Europeo y diputados del parlamento alemán, que condicionaron su reanudación a que el Estado mexicano fuera capaz de controlar todo el territorio nacional y desmantelara los cárteles.
El 27 del mismo mes lo planteó también un grupo de 74 organizaciones no gubernamentales de México representadas por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”.
Su exigencia se basa en la flagrante violación a la cláusula democrática del artículo 1 del Acuerdo Global, puesto que los hechos de Ayotzinapa constituyen un “caso de emergencia especial” previsto a su vez en el artículo 58 del mismo tratado como motivo para que una de las partes decida suspenderlo.
En una carta del 13 de octubre, seis ONG europeas –Iniciativa de Copenhague para América Central y México, Coordinadora Alemana para los Derechos Humanos en México, Just Associates, Mexiko Forum Schweiz, Organización Mundial contra la Tortura y Brigadas Internacionales de Paz-México– exigieron a Moguerini que emitiera una “declaración pública” al respecto, pues los hechos de Guerrero “representan las más graves violaciones” a las garantías individuales desde que existe la relación estratégica con México hace cuatro años.
Con información de Proceso
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