Sin embargo, antes de que se presentaran estos hechos, el abogado de los normalistas y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, advirtió que las declaraciones del priísta de que las movilizaciones buscan desestabilizar al país, son el inicio de una represión violenta contra los movimientos sociales, algo que se cumplió concluyendo el mitin.
El asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, agregó que eso es lamentable porque una confrontación violenta no llevaría a nada bueno al país y “sería un baño de sangre innecesario. México no está para eso, porque tanto al gobierno como a la sociedad civil les debe interesar una cosa, que es la aparición con vida de los normalistas”.
El abogado mencionó que es errado que Peña Nieto opte por la represión considerando que sólo sería para desviar la atención haciendo que el asunto de la búsqueda de los jóvenes pase a segundo plano y es que “a partir de la declaración del procurador Jesús Murillo Karam, de que los alumnos habrían sido incinerados, gradualmente ha ido disminuyendo el tema de la búsqueda, aun cuando hubo un compromiso de intensificarla”
Por otro lado, señaló que se deben de cambiar las causas estructurales que originaron los hechos del 26 y 27 de septiembre y que tiene que ver con la infiltración de la delincuencia en los municipios, la contaminación de la clase política en el país y el olvido en que se tiene a la educación pública.
La hipocresía andando
Los desalojos violentos perpetrados por la policía demostraron que Enrique Peña Nieto puede utilizar la fuerza pública en cualquier momento. En la ceremonia de apertura del Encuentro Nacional de Procuración y Administración de Justicia, señaló que “una de las principales demandas de la sociedad mexicana es contar con mejores resultados en la procuración e impartición de justicia”, algo que hasta la fecha sigue sin mostrarse.
Un día después de la multitudinaria manifestación por Ayotzinapa, y que cerró con un enfrentamiento frente a Palacio Nacional, 'el Peña' advirtió que su gobierno no permitirá que manifestaciones de esa naturaleza sean 'secuestradas por delincuentes'.
Planteó que hay quienes están interesados en atentar contra esa libertad fundamental al provocar actos vandálicos “y eso no lo vamos a permitir, porque es obligación del estado mexicano asegurar que las manifestaciones ciudadanas no sean secuestradas por quienes actúan con violencia y vandalismo”
La policía, al servicio de Peña
La actuación de los granaderos durante los disturbios de la noche del pasado jueves 20 en la Plaza de la Constitución tras la megamanifestación que arrojó un saldo de 31 detenidos y 18 uniformados lesionados, fueron defendidos por Jesús Rodríguez Almeida, titular de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP-DF) mencionando que “los encapuchados tiran a matar, no a lesionar, tienen un odio en contra de las autoridades, por lo que éstas tienen que defenderse”
“Pertenecen a grupos de anarquistas, golpeadores profesionales, no son estudiantes, incluso tienen más de 30 años, son personas que no tienen alguna forma adecuada de vivir, simplemente buscan violencia, tienen daño antagónico contra las autoridades”, expresó
También justificó que, a solicitud del Estado Mayor Presidencial, apoyaron a la policía federal para controlar a los manifestantes que intentaban llegar a Palacio Nacional. “Nosotros apoyamos a las fuerzas federales a solicitud. Ellos hicieron sus detenciones correspondientes y se logró el desalojo de esa zona”.
Sin embargo, los miles de ciudadanos que se encontraban fueron agredidos física y verbalmente por estos elementos policiacos, los cuales no les importó que hubiera menores de edad, mujeres y personas de la tercera edad que participaron de manera pacífica en la marcha solidaria.
La CNDH sin voz ni presencia
Lo que sucedió en el Zócalo después de los manifestantes fueran desalojados por cientos de policías, Enrique Peña Nieto demostró que es capaz de pasar por encima de los organismos defensores de derechos humanos ya que el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, mencionó que “la policía actuó para contener la violencia”.
“A reserva de tener los reportes de los visitadores, en un principio lo que hizo la policía fue contener estas expresiones de violencia; en un segundo momento fue dispersar a las personas, debemos cotejar esa información con los protocolos de actuación para tener una certeza de que forma se aplicaron esos protocolos”, comentó en una entrevista
.
El nuevo ombudsman consideró que la marcha tuvo dos momentos:
“El primero, una expresión ciudadana que protesta ante la indignación por lo sucedido en Iguala donde desconocemos el paradero de 43 jóvenes, la expresión de la marcha se desarrolló de manera pacífica, una protesta legítima donde se exige conocer la verdad”, indicó.
“Por otro lado, una expresión diferente en donde acabada la primera expresión legítima, un grupo de personas con violencia intentó llegar hasta Palacio Nacional”
Sin embargo, a pesar de que personas no tenían nada que ver con los desmanes, resultaron afectadas por los granaderos.
Con información de Revolución 3.0
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