La decisión de la Corte es completamente anticonstitucional, violenta el derecho, violenta la justicia y desconoce los derechos de los ciudadanos, indicó en conferencia de prensa.
Señaló que la resolución de la Corte “no tiene asidero en nuestra Constitución, no tiene respaldo jurídico. Por lo demás, tiene consecuencias políticas, económicas y sociales devastadoras”.
Por ello, anunció:
“Vamos a ir no sólo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también a la OEA, a la ONU y a otro tipo de organismos internacionales a hacer la denuncia correspondiente y a señalar que en México se están violando masivamente los derechos humanos”, advirtió.
Batres señaló que van a juntar en una sola agenda el tema del petróleo y el tema de Ayotzinapa, “pues en ambos casos, de distinta manera y en distintos niveles, existe una violación a los derechos humanos de los mexicanos”.
El dirigente apuntó que con la resolución de la Corte lo que se hace es ayudar a que la cúpula del poder económico y político del país “se pueda robar” 100 mil millones de dólares al año por ganancias en el sector energético.
“Es una decisión que tiene por efecto el saqueo de las riquezas de todos los mexicanos. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se comportaron a la altura de la dignidad que se supone debe tener un miembro de un poder del Estado, sobre todo del que está encargado del control constitucional y de la justicia en el país”, añadió.
Luego opinó que la decisión que ha tomado la SCJN provocará más polarización social en el país.
“Esa decisión lo que hace también es obstruir todas las válvulas de conducción institucional del descontento de la población. Estamos profundamente preocupados. Responsabilizamos a los ministros de la Corte, al igual que al gobierno federal y a los legisladores que votaron a favor de estas reformas del agravamiento de la situación nacional, de la descomposición económica y política y social del país.
“Lo que han hecho con sus reformas es sembrar tempestades y violencia, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación es cómplice de este proceso de descomposición y de agravamiento de la situación de polarización que está viviendo el país”, dijo.
Para Batres, el fallo de la Corte evidencia que la corrupción ha llegado a los niveles más altos en la historia de México y que se corresponde plenamente el hecho de que los ministros cobren 7 millones de pesos al año con la aprobación de las resoluciones más indignas, más inconstitucionales que se están haciendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Esto no es nuevo, pero hemos llegado ya al colmo y al límite. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado a los mexicanos a seguir luchando. Esta lucha no ha terminado aunque el gobierno federal, el Poder Legislativo y el Poder Judicial hayan abdicado de su capacidad de poderes soberanos. La lucha va a seguir y en lo inmediato vamos a seguir con diversas tareas, nos vamos a dirigir con todos los que firmaron la solicitud de la consulta para denunciar a la Corte, al gobierno de Enrique Peña Nieto y a los legisladores”, indicó.
También, añadió, se va a convocar de manera urgente al Consejo Consultivo de Morena para tomar determinaciones con los expertos de estas materias. Asimismo, “convocamos a todos los militantes de Morena en el país a realizar todo tipo de acciones de denuncia, de resistencia y de protesta, siempre y cuando sean pacíficas”.
El exdiputado Gerardo Fernández Noroña mostró su desacuerdo a través de Twitter, por lo largo de esta clase de procesos.
Plantear recurrir a las instancias internacionales es, en el mejor de los casos, un camino larguísimo. 5 años mínimo...
— Fernández Noroña (@fernandeznorona) November 1, 2014
Con información de Proceso
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