Amnistía Internacional (AI) llama a las autoridades civiles a realizar una investigación exhaustiva imparcial de la muerte de los 22 posibles delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio 2014.
De acuerdo a trabajos periodísticos tras una inspección del sitio de los hechos así como por la recolección del testimonio de una probable testigo presencial, se plantean interrogantes sobre la versión del operativo presentado por la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA) y la investigación de la incursión tanto por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) como la Procuraduría General de la República (PGR).
"Si el compromiso del gobierno es real, este es el momento para impulsar la investigación por parte de las autoridades civiles de los hechos de Tlatlaya, y reiniciar por otra unidad o instancia de la PGR una investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva para esclarecer los hechos y cuando exista evidencia de violaciones de derechos humanos los responsable deben ser llevados ante la justicia", destaca Amnistía Internacional en un comunicado.
Según la presunta testigo, "todas las muertes, salvo una, no resultaron durante el enfrentamiento con los miembros de las Fuerzas Armadas, sino después cuando ya se habían rendido. Es alarmante, esta nueva información de 21 personas ejecutadas extrajudicialmente cuando ya se habían entregado", apunta Amnistía Internacional.
La testigo señala a periodistas que "fue presionada por representantes de la PGJEM y la PGR para cambiar su testimonio con el fin de confirmar la versión de los hechos presentados por SEDENA. Es de destacar que cualquier acción oficial para desviar una investigación de los hechos con el fin de encubrir las violaciones graves de los derechos humanos y lograr la impunidad de los responsables, implica la colusión del estos funcionarios en los abusos," agrega el organismo humanitario.
Amnistía Internacional subraya que el actual gobierno se ha comprometido en "modificar" la forma de combatir la delincuencia que "ya no se basa en la comisión de violaciones de los derechos humanos ni el encubrimiento de los responsables de tales abusos."
Sólo se puede superar la crisis de inseguridad que sigue afectando grandes regiones de México "sobre la base del respeto pleno a los derechos humanos y un sistema de impartición de justicia eficaz e imparcial", agrega la agrupación global.
Como se recordará, según la versión de los hechos dada a conocer por la SEDENA a horas de ocurrido el operativo, soldados de la 22/a zona militar repelieron una agresión de presuntos delincuentes situada en una bodega cerca de Tlatlaya, Estado de Mexico. Tras el tiroteo se notificó la muerte de los 22 presuntos delincuentes (incluida una menor de edad) y la liberación de tres mujeres secuestradas. Solo un soldado quedó lesionado.
Desde el inicio se cuestionó la versión oficial, específicamente en cuanto a la falta de lesiones sufrida por los militares, la falta de suficiente orificios de impacto desde el exterior de la bodega, las manchas de sangre en el interior y los aparentes disparos a corta distancia sufridos por los fallecidos. Así, Esquire México y Associated Press difundieron trabajos periodísticos que colocan en entredicho la versión oficial del operativo en Tlatlaya. Dichos relatos indican que, al parecer, sólo uno de los fallecidos murió abatido durante el enfrentamiento y los demás, fueron ejecutados extrajudicialmente por los miembros del ejército después de rendirse, concluye Amnistía Internacional.
Con información de MVS
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