En entrevista para Proceso, el maestro en derecho y abogado itinerante Carpizo Aguilar, declaró ser víctima de un persistente acoso por parte de una red de funcionarios universitarios, tras negarse a ceder los derechos de su obra.
En la queja, Carpizo expone que por encargo de González Pérez, elaboró una investigación sobre la libertad de expresión entre 2011 y 2012, el resultado fue un documento de 600 páginas que entregó personalmente al funcionario.
Tiempo después, el académico fue informado de que González estaba usando su investigación para titularse como doctor en derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de España. Al mismo tiempo, el funcionario lo buscó para que renunciara a sus derechos de autor, hecho que no aceptó.
La conducta de González Pérez “me hace sospechar que algo de cierto hay en las aludidas sospechas sobre la autenticidad de su investigación doctoral, situación que pone en riesgo mi actividad como académico universitario y el prestigio de nuestra Máxima Casa de Estudios”, prosigue la queja.
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| El afectado. |
Incluso afirma que, tras su negativa, empezó a ser víctima de represalias, ya que se ha obstaculizado su cambio de adscripción de la Facultad de Derecho al Instituto de investigaciones Jurídicas, donde labora desde hace más de siete años. Asimismo, han obstruido los trámites para su titulación de doctorado y están dificultando su ascenso de profesor titular “A” a profesor titular “C”, aún cuando ya cuenta con la asignación de letra “C”.
Carpizo Aguilar señala que todos estos obstáculos son materializados por una “red mafiosa” de funcionarios que encabeza González Pérez y en la que pertenecen la directora de la Facultad de Derecho, Leoba Castañeda, y Francisco Ibarra Palafox, coordinador de la Unidad de Estudios de Posgrado del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
“El acoso se debe a que yo no desistí. El sabía que estaba de por medio mi titulación de doctorado, mi cambio de adscripción y además mi asignación de letra, entonces ese era el cambalache, según él, pero la verdad es que mi vida académica ha estado basada en el esfuerzo y no tengo ninguna necesidad de eso. Y 600 cuartillas perderlas en un segundo, pues no. Ese es el punto”, insistió.
Por lo tanto, solicitó a la CNDH medidas cautelares y una investigación exhaustiva sobre el caso, asimismo, exige la intervención del rector José Narro, para que dé fin a la persecución y aclare el presunto plagio del abogado general. Y en caso, de que la situación esté bastante dudosa, pero en contra del profesionalismo de González Pérez solicita su destitución y expulsión de la Máxima Casa de Estudios.
“Que proteja mis derechos universitarios para evitar que esa red de académicos mafiosos instaure una serie de acciones de desprestigio en mi contra. Ya basta de que las personas no puedan quejarse por miedo a las represalias de esa red”.
(Con información de Proceso)
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