La pastoral laboral y familiares de 65 mineros cuyos cuerpos siguen atrapados de la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, en la región carbonífera de Coahuila, insisten en que Grupo México cometió violaciones a los derechos humanos e incurrió en posibles responsabilidades penales por “no garantizar -a los obreros de las minas- su derecho a la vida y a condiciones de trabajo seguras;” además, señalan, “ocultó información, engañó y mintió sistemáticamente a sus accionistas, a la sociedad, a las familias de los mineros y a las autoridades en las inspecciones y sobrepuso arreglos económicos por sobre la exigencia moral... y, al final, porque se ha negado, absurdamente, a la recuperación de los restos” de los trabajadores, bajo el pretexto de “ausencia de seguridad o de supuestos riesgos potenciales.”
A la fecha, “no hay una investigación confiable, ni sentenciados, ni reparación del daño”, denuncian las familias de los mineros de Pasta de Conchos, tras destacar que el siniestro en la mina 8 es “un caso impune” que los en evidencia los posibles “nexos del Consejo de Administración de Grupo México y el Consejo de Administración de Vamos México de Martha Sahagún vinculada con Vicente Fox y las estrechas relaciones entre funcionarios del gobierno federal y sus directivos. Lo que permitió otra serie de impunidades o casos sin investigar como la muerte de Cristian Alberto Hernández Pardo e Isidro del Ángel Hernández, en Nacozari, en 2006, donde luego sobrevino la eliminación del contrato colectivo y el cierre unilateral de la mina; el desalojo de la huelga en Cananea y la prolongación al infinito de las huelgas en Taxco, Guerrero y Sombrerete, Zacatecas.”
“Ahora -por las acciones de Grupo México-sobreviene esta nueva afectación a cerca de 22 mil habitantes de unas 48 comunidades de al menos cinco municipios de Sonora (San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora y Hermosillo), por el derrame del día 8 de agosto, luego que su complejo minero Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora, vertiera negligentemente al Río Sonora, lo cual ocultó en su inicio, al menos 40 millones de litros de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones no permitidas de metales pesados muy dañinos (arsénico, cadmio, aluminio, hierro, manganeso, níquel y cobre), confirmando con ello su característica de empresa socialmente irresponsable, al afectar no sólo la vida humana, sino la agricultura, ganadería y turismo,” reclaman la pastoral laboral y los familiares de los mineros de Pasta de Conchos.
Mientras es irreparable el desastre ecológico en el Rio Sonora, Grupo México, “el primer consorcio minero del país, ganó 15 mil 320 millones de pesos durante los primeros seis meses de este 2014, según información de la Bolsa Mexicana de Valores,” precisan los inconformes.
Ante los hechos, la pastoral laboral y los familiares de los Mineros de Pasta de Conchos exigen al Estado mexicano “no proteger a Grupo México y rescatar los restos de los 63 mineros que aún yacen en el socavón luego de ocho años de sufrimiento e impunidad; y la firma y ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC), del cual México aún no es Parte, luego del primer aniversario de su entrada en vigor, en mayo de este año en curso, ya que este instrumento de derechos humanos señala la vinculación e interdependencia entre el derecho a la vida, al trabajo, a un nivel adecuado de vida, y a la integridad personal,” concluyen en su posicionamiento conjunto.
Con información de MVS
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