Al menos 50 empleados de la gasolinería Súper Servicio Coapa S.A. de esta ciudad son obligados a pagar cuotas que van de 50 a 100 pesos para mantener a salvo su plaza de trabajo.
De acuerdo con el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas y Expendios, Similares y Conexos del Distrito Federal (Stracc), Salvador Arellano, el pasado martes 15 el abogado de la empresa Servicio Villacoapa Corporativo Gasóleo y Aditivos Gran Premio, que controla 10 estaciones de servicio, amenazó a los empleados con quitarles la plaza si no pagaban “derecho de piso”.
Como se negaron a ser extorsionados, este miércoles llegó un grupo de golpeadores que “a punta de pistola” pretendió echar a los empleados de la gasolinería. La cosa no pasó a mayores por la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF).
“Hablamos a Seguridad Pública, hay gente nuestra ahí pero no los queríamos exponer. Llegaron con pistolas para sacar a los trabajadores”, indicó en entrevista Salvador Arellano.
En abril pasado, agregó, demandaron la titularidad del contrato colectivo de trabajo, por lo que tenían cita en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero el auditor no notificó a la empresa, razón por la que se pospuso la audiencia para el 25 de agosto.
En tanto la empresa, propiedad de Ricardo Cohen Cababie, un empresario que encara litigios incluso contra sus propios hermanos, “se da tiempo de reprimir a la gente”.
El líder sindical acusó a la empresa de hacerles firmar una nómina inexistente, omitiendo así el pago de salarios, lo que a todas luces es un fraude.
En realidad, los empleados sólo reciben como ingresos lo que el usuario obsequia como propina y, peor aún, el patrón los obliga a vender los aditivos de la empresa.
“Los trabajadores no sólo pagan entre 50 y 100 pesos para tener el derecho de trabajar en esta estación de servicio, también dan fianza para ingresar a trabajar, pagan el uniforme, dan la propina al pipero y atienden el mantenimiento de la estación.
“Todos, hombres y mujeres, padecen los mismos tratos: trabajar sin sueldo, sin seguridad social y sin oportunidad de defenderse, aparte de la amenaza permanente de ser despedidos en cualquier momento”, agregó.
Arellano destacó que esta labor es considerada como empleo de alto riesgo, pero las empresas violan la ley al ni siquiera inscribirlos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Se trata, explicó, de “hombres y mujeres despachadores de gasolinas que se colocan en riesgo de intoxicación por inhalación de gases tóxicos, quemaduras, torceduras y hasta perder la vida misma víctimas de atropellamiento y, en algunos casos, de explosión e incendios”.
Por si fuera poco, abundó, a ello se suma el problema de la inseguridad pública, pues también son víctimas de asaltos y robos, “siniestros de los cuales el patrón evade su responsabilidad”, añadió.
Ante tal situación, resaltó, “está por generarse una denuncia penal contra la empresa, pero enfocada en Servicio Villacoapa”.
El dirigente sindical recordó que este movimiento de empleados de gasolinerías tiene 15 años de existencia, pero se ha visto disperso debido a las represalias contra los trabajadores.
También consideró que su situación laboral se agravará con la reforma energética, puesto que las empresas transnacionales, como Walmart, tienen planeado colocar dispensarios para el autoservicio de gasolina.
“Es que con la reforma energética se abre el mercado para las subestaciones, entonces tenemos que hacer un movimiento más amplio para contrarrestar estos inminentes riesgos”, indicó.
Con información de Proceso
De acuerdo con el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas y Expendios, Similares y Conexos del Distrito Federal (Stracc), Salvador Arellano, el pasado martes 15 el abogado de la empresa Servicio Villacoapa Corporativo Gasóleo y Aditivos Gran Premio, que controla 10 estaciones de servicio, amenazó a los empleados con quitarles la plaza si no pagaban “derecho de piso”.
Como se negaron a ser extorsionados, este miércoles llegó un grupo de golpeadores que “a punta de pistola” pretendió echar a los empleados de la gasolinería. La cosa no pasó a mayores por la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF).
“Hablamos a Seguridad Pública, hay gente nuestra ahí pero no los queríamos exponer. Llegaron con pistolas para sacar a los trabajadores”, indicó en entrevista Salvador Arellano.
En abril pasado, agregó, demandaron la titularidad del contrato colectivo de trabajo, por lo que tenían cita en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero el auditor no notificó a la empresa, razón por la que se pospuso la audiencia para el 25 de agosto.
En tanto la empresa, propiedad de Ricardo Cohen Cababie, un empresario que encara litigios incluso contra sus propios hermanos, “se da tiempo de reprimir a la gente”.
El líder sindical acusó a la empresa de hacerles firmar una nómina inexistente, omitiendo así el pago de salarios, lo que a todas luces es un fraude.
En realidad, los empleados sólo reciben como ingresos lo que el usuario obsequia como propina y, peor aún, el patrón los obliga a vender los aditivos de la empresa.
“Los trabajadores no sólo pagan entre 50 y 100 pesos para tener el derecho de trabajar en esta estación de servicio, también dan fianza para ingresar a trabajar, pagan el uniforme, dan la propina al pipero y atienden el mantenimiento de la estación.
“Todos, hombres y mujeres, padecen los mismos tratos: trabajar sin sueldo, sin seguridad social y sin oportunidad de defenderse, aparte de la amenaza permanente de ser despedidos en cualquier momento”, agregó.
Arellano destacó que esta labor es considerada como empleo de alto riesgo, pero las empresas violan la ley al ni siquiera inscribirlos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Se trata, explicó, de “hombres y mujeres despachadores de gasolinas que se colocan en riesgo de intoxicación por inhalación de gases tóxicos, quemaduras, torceduras y hasta perder la vida misma víctimas de atropellamiento y, en algunos casos, de explosión e incendios”.
Por si fuera poco, abundó, a ello se suma el problema de la inseguridad pública, pues también son víctimas de asaltos y robos, “siniestros de los cuales el patrón evade su responsabilidad”, añadió.
Ante tal situación, resaltó, “está por generarse una denuncia penal contra la empresa, pero enfocada en Servicio Villacoapa”.
El dirigente sindical recordó que este movimiento de empleados de gasolinerías tiene 15 años de existencia, pero se ha visto disperso debido a las represalias contra los trabajadores.
También consideró que su situación laboral se agravará con la reforma energética, puesto que las empresas transnacionales, como Walmart, tienen planeado colocar dispensarios para el autoservicio de gasolina.
“Es que con la reforma energética se abre el mercado para las subestaciones, entonces tenemos que hacer un movimiento más amplio para contrarrestar estos inminentes riesgos”, indicó.
Con información de Proceso
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