La legisladora explicó que aunque la actual Ley de Aguas Nacionales ya admitía concesiones, éstas sólo eran permitidas en yacimientos geotérmicos. De esta forma, Grupo Dragón ya había recibido un permiso de la Comisión Reguladora de Energía, con el cual podía explotar dichos yacimientos para producir y vender electricidad.
“Lo que uno observa en la ley es que es un pretexto para abrir la concesión de toda el agua, no solamente las aguas geotérmicas, sino toda el agua y nos parece que es una de las iniciativas más regresivas, la Ley de Aguas Nacionales que viene acompañada con la Ley de Geotermia”, detalló Padierna.
Mientras que Grupo Dragón ya distribuye energía eléctrica en algunos municipios del país, sin importar los daños al medio ambiente; ahora, la Ley de Geotermia le brindará la posibilidad de enriquecerse aún más, al incorporar todos los subproductos que estén en su concesión para poder comercializarlos. Esto incluye agua, gas y minerales.
Se trata de una privatización general de los recursos mexicanos, desmantelando el Sistema Eléctrico Nacional mediante la Ley de Industria Eléctrica, con lo que se deja la generación, comercialización –y luego de dos años, también la transmisión y distribución– de la electricidad, a cargo de la iniciativa privada.
La senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) recalcó que se trata de un modelo similar al que se lleva a cabo en California, EE.UU. y otras partes del mundo, con resultados negativos, pues las tarifas no han disminuido ya que las empresas no buscan ofrecer un servicio como lo hace el Estado, sino obtener ganancias.
“Se vuelve un modelo de autoevaluación, de autorregulación, donde ellos mismos hacen las reglas, ellos mismos se supervisan, ellos mismos se auditan y pues si habiendo órganos reguladores, si habiendo Auditoría Superior de la Federación, si habiendo un Congreso que más o menos está revisando la Cuenta Pública, ahora ya ni siquiera van a rendir informes al Congreso”, aseguró Padierna en cuanto a la transparencia del sector energético.
Aunado a esto, habrá un seguro en favor de las empresas, que se aplicará ante acciones y omisiones de los servidores públicos involucrados, a quienes sólo se les sancionará de manera administrativa, mientras que las multas serán pagadas con los impuestos de la ciudadanía.
Con información de Revolución Tres Punto Cero
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