La vigilancia masiva de los datos personales en las comunicaciones digitales que llevan a cabo los gobiernos se está convirtiendo en una “peligrosa costumbre y ya no es una excepción”, advirtió hoy la alta comisaria de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en Ginebra.
Las prácticas que se llevan a cabo en muchos países muestran la falta de una legislación nacional adecuada y una persecución penal correspondiente, señala un informe sobre la seguridad de los datos.
La ONU llamó por ello a defenderse a las empresas a las que los gobiernos obligan a entregar datos.
Según Pillay, los programas de vigilancia masiva de emails son cuestionables incluso cuando sus objetivos sean legítimos e incluso cuando tengan un fin concreto. “La medida adecuada es el efecto en comparación con la amenaza”.
Pillay recomendó la creación de instituciones independientes que pongan bajo la lupa esa vigilancia. “Están en juego principos increíblemente importantes que afectan a los derechos personales de todos”, añadió Pillay.
La comisaria señaló que las empresas que están dispuestas a poner a disposición del gobierno esos datos se arriesgan a convertirse en cómplices de violaciones a los derechos humanos.
Por eso Pillay recomienda que en el caso de solicitudes de datos por parte de los gobiernos, esas empresas deben ceder lo menos posible, aclarar las justificaciones legales de la petición y dado el caso cooperar cuando lo exija un tribunal. “Hay ejemplos positivos de ello en la industria, tanto de algunas empresas como de asociaciones de empresas o grupos de interés”.
El informe se elaboró por petición de la Asamblea General de la ONU, que acogió en diciembre una resolución propuesta por Alemania y Brasil, en la que Pillay pedía ocuparse de la “protección de la esfera privada en las comunicaciones digitales”. El informe se presentará y deliberará en octubre en la Asamblea de la ONU.
Agencias
Las prácticas que se llevan a cabo en muchos países muestran la falta de una legislación nacional adecuada y una persecución penal correspondiente, señala un informe sobre la seguridad de los datos.
La ONU llamó por ello a defenderse a las empresas a las que los gobiernos obligan a entregar datos.
Según Pillay, los programas de vigilancia masiva de emails son cuestionables incluso cuando sus objetivos sean legítimos e incluso cuando tengan un fin concreto. “La medida adecuada es el efecto en comparación con la amenaza”.
Pillay recomendó la creación de instituciones independientes que pongan bajo la lupa esa vigilancia. “Están en juego principos increíblemente importantes que afectan a los derechos personales de todos”, añadió Pillay.
La comisaria señaló que las empresas que están dispuestas a poner a disposición del gobierno esos datos se arriesgan a convertirse en cómplices de violaciones a los derechos humanos.
Por eso Pillay recomienda que en el caso de solicitudes de datos por parte de los gobiernos, esas empresas deben ceder lo menos posible, aclarar las justificaciones legales de la petición y dado el caso cooperar cuando lo exija un tribunal. “Hay ejemplos positivos de ello en la industria, tanto de algunas empresas como de asociaciones de empresas o grupos de interés”.
El informe se elaboró por petición de la Asamblea General de la ONU, que acogió en diciembre una resolución propuesta por Alemania y Brasil, en la que Pillay pedía ocuparse de la “protección de la esfera privada en las comunicaciones digitales”. El informe se presentará y deliberará en octubre en la Asamblea de la ONU.
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