Las fuerzas castrenses y policiacas arribaron al filo de las 9 horas de este martes y custodiaron las maniobras y faenas en el corredor de Atzizihuacan, en la comunidad de San Juan Amecac, Cohuecan, Acteopan y Amilcingo. Cerca de las 6 de la tarde, cuando los empleados se retiraron, el contingente de soldados y la fuerza pública hicieron lo propio, aunque continuaron patrullando el área hasta entrada la noche, aseguraron los dirigentes.
Al parecer, además del transporte de tubería y el arribo de maquinaria, los trabajadores cavaron zanjas para iniciar la introducción del gasoducto.
Pasadas las 22 horas, el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Puebla, Morelos y Tlaxcala informó que había detectado seis tanquetas de los militares, cuatro camionetas de la Policía y al menos 15 máquinas, amén de que la presencia del Ejército también había llegado a las comunidades de San Marcos y San Bartolo.
Las poblaciones en las que los declarantes dicen que los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estuvieron se encuentran aproximadamente a 23 kilómetros del cráter del volcán Popocatépetl, considerada la zona de segundo nivel de riesgo en el mapa de Peligros elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
A través de su cuenta de Twitter, la diputada federal del PRD Roxana Luna Porquillo confirmó los informes sobre el arribo del ejército.
En una entrevista telefónica, la legisladora expresó: “Es clara la decisión del gobierno federal y estatal por imponer por la fuerza sus proyectos. Hay que recordar que se ha generado un ambiente de miedo con la detención de los compañeros –los ambientalistas opositores al PIM y el Arco Poniente, Enedina Rosas Vélez, Abraham Cordero Calderón y Juan Carlos Flores Solís–; se confirma que están promoviendo la represión y la violencia. Nosotros hacemos un llamado al diálogo”.
Vélez Merino dijo, por su parte, que “es inconcebible que el gobierno de Rafael Moreno Valle sustituya la política y el diálogo, el convencimiento con bases científicas a los campesinos sobre el gasoducto, metiendo al Ejército y a la Policía. Esto demuestra que la razón no está de su parte y que quiere imponer el proyecto del gasoducto por la fuerza, a costa de lo que sea”.
Agregó que los pueblos de la región están temerosos por la incursión de los soldados, “no saben qué hacer por la violación de la ley no ocurre del lado de la gente, ocurre del lado del gobierno”.
Indicó que ésta es otra muestra de que las autoridades han sido incapaces de demostrar con argumentos y pruebas que el PIM es una obra viable; “primero fue el hostigamiento, la intimidación, la persecución y hasta el encarcelamiento de los compañeros; ahora tienen que usar al Ejército para hacer el gasoducto, pero lo van a tener que cuidar toda la vida, porque para los pueblos este es un tubo odiado”.
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