Diputados analizan reforma que da hasta 6 años de cárcel a infractores
El caso del videoblogger Werevertumorro puso en evidencia los vacíos legales que hay en México para regular los derechos de autor en internet, coincidieron académicos y legisladores.
En la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se analiza desde el 31 de enero pasado una iniciativa de reformas a las leyes de Propiedad Industrial, la Federal de Derechos de Autor y el Código Penal Federal a fin de proteger los derechos de autor en la web.
Dicha reforma, explicaron los diputados federales del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza y Denisse Ugalde, faculta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para ordenar a los proveedores de servicios de acceso a internet la suspensión de la entrada a sitios que, sin la debida autorización de los titulares de los derechos, pongan a disposición del público, distribuyan, faciliten la reproducción no autorizada de obras, producciones o transmisiones, o comercialicen productos en infracción a los derechos protegidos por las leyes.
También establece una sanción que va desde los seis meses hasta los seis años de prisión y multas de hasta 20 mil salarios mínimos a quienes cometan esas faltas.
“Son mucho más rápidos los avances tecnológicos que la legislación. Tenemos que estar a la vanguardia”, considera Arturo Azuara Flores, director de la División de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey.
La polémica
Gabriel Montiel es considerado el rey del videoblog en México porque en el canal de Youtube comenzó a subir videos que lo llevaron a tener el primer lugar de visitas en nuestro país y el número 20 a nivel mundial. Este joven de 24 años de edad y originario del DF generó una polémica cuando el pasado jueves denunció que había sido objeto de un engaño por Javier Talán, quien fungía como su representante, al intentar apropiarse de la marca Werevertumorro para su propio beneficio económico, por lo que Montiel tuvo que retirar sus videos de dicha página web y dejar de publicar nuevos materiales.
Blanca Solís, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en derechos de autor, consideró que el joven no tuvo asesoría y no la recibió de manera correcta para evitar ser engañado por un gestor de contenidos y publicidad, “cuya actividad no está regulada”.
De acuerdo con el expediente del IMPI sobre la marca caso Werevertumorro, que este diario consultó, el 21 de diciembre de 2010, Javier Talán Regis solicitó el registro de marca, informando a su vez que la fecha del primer uso de ese nombre y logo fue el 27 de febrero de 2007.
El 18 de mayo de 2011, el IMPI le informó que existía un impedimento legal para registrar la marca “en virtud de que reproduce sin autorización el seudónimo de un conocido vlogger (sic) y comediante mexicano dentro de Youtube llamado Gabriel Montiel, por lo que en consecuencia es susceptible de engañar e inducir a error al público consumidor al constituir falsas indicaciones respecto a la naturaleza de los servicios que trata de distinguir”.
En respuesta, el 5 de diciembre de 2011, José Luis Caballero, quien asegura actuar en representación de Talán Regis, solicitó de nueva cuenta la concesión del registro argumentando que el 4 de octubre de 2011 se presentó ante el instituto un contrato de cesión de derechos a favor de Montiel Gutiérrez.
Fue hasta el 2 de mayo de 2012 cuando el IMPI expidió el registro de marca a favor de Gabriel Montiel Gutiérrez.
El 3 de marzo pasado, en una hoja en blanco, escrita a mano, Gabriel Montiel envió un oficio al IMPI en el que expresa la “petición para revocar al apoderado José Luis Caballero Leal y cualquier otro que diga representar algún poder sobre mí para cualquier trámite”.
Blanca Solís explicó que Talán Regis pertenece a los llamados networks que son empresarios que gestionan contenidos y publicidad para hacer que los videos tengan más visitas en la red y los autores obtengan ganancias por la cantidad de clícs que reciben y la publicidad que ahí solicita anunciarse.
“El problema es cuando esas ganancias van aumentando porque entonces los autores son presa fácil de personas que aprovechándose de su inexperiencia en la producción de contenidos en la web buscan la manera de salir beneficiados”, indicó.
Dijo que una solución es recurrir al IMPI y al Instituto Nacional de Derechos de Autor para registrar su marca y estar legalmente protegidos en caso de litigio, “pero falta tener control de quienes buscan aprovecharse de la falta de registros de autor en internet”.
La propuesta de ley que se encuentra en análisis en San Lázaro, explicó el diputado Gutiérrez de la Garza, busca promover la cultura de la legalidad para que los derechos de los usuarios del entorno digital sean respetados.
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