La página web de la agrupación 1DMX.org fue clausurada y sus integrantes recurrieron a los tribunales para acusar un posible acto de censura.
Activistas denunciaron que el gobierno federal, a través del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, suspendió el portal a través del cual difundía la represión de la protesta social en México.
Luis Fernando García, abogado y miembro del colectivo, manifestó que se les notificó la cancelación del dominio el pasado 2 de diciembre, un día después de que se cumplió el año de las protestas del 1 de diciembre de 2012, día de toma de posesión de Enrique Peña Nieto.
En 1DMX.org, el colectivo de jóvenes subía imágenes y videos de actos de represión sufridos por activistas y periodistas durante protestas; por ejemplo, mostraban el video en que Francisco Kuykendall, fallecido recientemente, fue herido con un proyectil lanzado por la Policía Federal.
García señaló a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) como las dependencias responsables de un presunto acto de censura.
Expuso que la empresa estadounidense GoDaddy, una de las más populares a nivel mundial para el registro de dominios y alojamiento de páginas web, informó a los administradores que el acceso a la página fue cerrado por violación a las políticas de servicio de la empresa.
Al solicitar mayor información sobre el tema, GoDaddy explicó que la suspensión del portal se dio como parte de una investigación policial en curso, la cual fue notificada a través de un agente especial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, adscrito a la Embajada estadounidense en la Ciudad de México.
"Una persona dentro de GoDaddy nos reveló la identidad de la agencia mexicana que hizo la solicitud, y nos comentó que fue una agencia que se llama CERT: Centro Especializado en Respuesta Tecnológica, parte de la CNS", añadió García.
El colectivo interpuso una demanda de amparo el 24 de diciembre, ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal.
El amparo, admitido el 17 de enero, ordenó a 10 dependencias del DF y del gobierno federal brindar un informe en que nieguen su participación en el hecho, o admitan y justifiquen la constitucionalidad del acto de censura.
La oficina del Jefe de Gobierno, la Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Seguridad Pública, y la Procuraduría General de Justicia del DF, así como la PGR, el CISEN y la Secretaría de Relaciones Exteriores negaron su intervención.
Sin embargo, ni la Secretaría de Gobernación ni la Comisión Nacional de Seguridad brindaron el informe en el plazo que vencía el 14 de febrero.
El hecho refleja, para el colectivo, la intención gubernamental de controlar la libertad de expresión en internet.
"Creemos que es un muy mal precedente, sobre todo a la luz de las reformas que vienen, de las reformas en materia de telecomunicaciones, de otras iniciativas de ley que tienen este ánimo de seguir controlando los espacios de expresión, tanto en las calles como en internet", dijo el abogado.
Afortunadamente, existen varios archivos de la página que pueden seguir siendo consultados.
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