El supuesto operativo de búsqueda de desaparecidos de las autoridades del Estado del norte de México arroja muchas dudas y versiones oficiales contradictorias
El Gobierno de Coahuila, al norte de México, informó en los últimos días de un operativo que habría localizado narcofosas en 11 municipios con restos humanos. EL PAÍS quiso comprobar sobre el terreno las labores de búsqueda y viajó hasta un Estado que, según cifras oficiales, tiene a 1.665 personas desaparecidas en los últimos 14 años. El Gobierno local se comprometió a mostrar el operativo que se llevaba a cabo el miércoles 5 de febrero en la ciudad de Monclova, pero el martes por la tarde avisó de que se había decidido suspender indefinidamente los trabajos.
El procurador Homero Ramos y el subprocurador de Personas no localizadas, Juan José Yáñez, jefe del operativo, recibieron a este periódico el miércoles en Saltillo, capital del Estado. Las autoridades no mostraron, como se les pidió, un mapa de las zonas sobre las que se había trabajado. Tampoco permitieron, pese a su compromiso inicial, ver los restos hallados y que, supuestamente, se recibieron ese mismo día en el Servicio Médico Forense (SEMEFO).
La constante comunicación de miembros del Gobierno estatal con los periodistas, con sucesivas llamadas a lo largo del día, llegó a resultar atosigante e inexplicable porque en ningún caso se permitió ni siquiera comprobar que efectivamente se había realizado un operativo en el Estado. “Es una pena que no hayan llegado ayer (por el martes), porque ahí sí habrían podido verlo todo”, lamentó el procurador en varias ocasiones.
El Gobierno propuso facilitar varias fotografías de las labores de búsqueda y envió por correo electrónico las imágenes. La fecha de las mismas, que se puede rastrear a través de un programa informático de fotografía, corresponde a los años 2005 y 2011. También se dijo a los periodistas que el gobernador Rubén Moreira, del PRI, el partido del Gobierno mexicano, quería verlos, pero nunca se concretó la cita.
“Es el primer gran operativo a nivel nacional”, aseguró a EL PAÍS el procurador estatal, Homero Ramos. Las informaciones del Gobierno hablan de la presencia de más de 250 personas, entre personal de la policía estatal, la federal y el ejército, perros adiestrados y georradares para peinar un número indeterminado de ranchos en 11 municipios donde, supuestamente, los carteles de la droga se desharían de sus víctimas.
Este periódico no halló ningún indicio que demuestre que se realizó el operativo más allá de la información de las autoridades. El subprocurador y jefe de las labores de búsqueda, Juan José Yáñez, explicó que es imposible saber a cuántas personas podrían corresponder los restos hallados. Según su información se localizaron huesos, restos quemados y varios tambos que serían utilizados por los criminales para hacer desaparecer los cadáveres hasta reducirlos a cenizas. “Hay cuerpos que no se van a poder identificar”, aseguró.
El sábado varios medios de comunicación informaron de que se habrían localizado 500 restos humanos en las fosas, pero Yáñez negó por teléfono la información. “Nunca he hablado de números, todos los huesos podría corresponder a una sola persona. Esto no se hace de un día para otro”, dijo. Este lunes el propio gobernador admitió ante la prensa que la información publicada no era correcta y que solo se trata de "pequeños hallazgos". Ese mismo día, la mayor asociación de familias de personas desaparecidas, la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), decidió romper su diálogo con el Gobierno por primera vez en cuatro años por el mal manejo del operativo.
El miércoles pasado, día en que funcionarios del Estado iban a acompañar a El País a Monclova para ser testigos del “primer operativo nacional” de búsqueda de desaparecidos, dos funcionarios del Gobierno recogieron a los periodistas en la ciudad de Monterrey (Nuevo León) y los trasladaron a unas oficinas de la Procuraduría de Saltillo. Allí, tras la reunión con el procurador y el subprocurador, Yáñez se limitó a mostrar las instalaciones. El viaje dejó más interrogantes que respuestas y mostró a una administración, la de Rubén Moreira, cerrada a mostrar cualquier información. En algún momento, ante la aparente desconfianza de los reporteros, un cargo estatal preguntó: “No sé qué esperaban encontrar, ¿qué quieren, ver un muerto?”.
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