La ministra Olga Sánchez Cordero admitió a trámite la controversia constitucional promovida por la presidencia de la República y por lo pronto suspendió el acuerdo de un juez civil del Distrito Federal que frenó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para pronunciarse sobre la retransmisión de canales abiertos en los sistemas de cable.
El acuerdo del juez 32 de lo civil en el Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Galán, anunciado la semana pasada, queda sin efectos hasta que la Corte resuelva si procede el recurso constitucional. En caso de que lo admita, el acuerdo seguirá suspendido hasta la solución definitiva del juicio constitucional.
Enrique Peña Nieto interpuso la controversia el pasado jueves por considerar que el juez, como integrante del Poder Judicial del DF, invadió las facultades que le corresponden al ejecutivo federal.
A través de la consejería jurídica, el gobierno federal se inconformó ante el acuerdo del juez, quien le negó al IFT la facultad de decidir sobre el llamado must carry-must offer, el principio que permitiría que los canales abiertos públicos concesionados a Televisa y TV Azteca sean retransmitidos de forma gratuita por las televisoras de cable.
El acuerdo del juez respondió a la petición de Televisa como parte de la controversia que mantiene con la empresa Dish. En el juicio, el oligopolio argumenta que busca la defensa de los derechos de autor.
El ejecutivo federal argumenta que la decisión es parte de las facultades que tiene el IFT con base en el artículo 62 de la Constitución Política. El Instituto, sin embargo, es un ente autónomo, por lo que la ministra Sánchez Cordero deberá analizar si la presidencia de la República tiene representación jurídica para interponer el recurso.
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