Con ello, los agentes de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) pretenden que los detenidos les proporcionen información o confiesen algún delito.
Así lo documentó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en la Recomendación 14/2014, girada ayer, y en la que señala 47 casos de tortura, que involucran a 95 víctimas.
El instrumento recomendatorio está dirigido a la PGJDF, la SSP, la Consejería Jurídica y de Servicios legales y a la Secretaría de Gobierno, de quien depende la Subsecretaría de Sistema Penitenciario.
Entre los casos documentados por la CDHDF está el de la tortura cometida por los policías preventivos Joel Avelar García, Seferino Luna Vázquez, Gustavo Ham Aguilar y Eric Sánchez Aguilar, entre otros.
De acuerdo con el organismo local, en mayo del 2013 los uniformados golpearon al agraviado y, a pesar de que les informó que no portaba arma de fuego, lo obligaron a sostener una para fotografiarlo con sus teléfonos celulares, mientras se burlaban de él.
Uno de los policías incluso le dio toques eléctricos en el tórax.
Mario Alberto Flores Rojas fue detenido el 15 de junio del 2009, y según la CDHDF fue torturado por policías preventivos y por los agentes de investigación Israel Andrade Rivera y Fernando Ortiz Aguilar.
Estos servidores públicos patearon al detenido en las costillas y le colocaron una bolsa en la cabeza, mientras lo cuestionaban sobre su participación en un secuestro.
Al llegar a la Fiscalía Antisecuestros lo metieron a una oficina lo acostaron y le echaron agua en la cara hasta casi asfixiarlo, lo que le causó sufrimiento físico y mental severo, según se determinó al aplicarle el Protocolo de Estambul.
Fortunato Contreras, quién se desempeñaba como Policía Auxiliar, fue detenido por secuestro y también fue golpeado en los oídos por los servidores públicos, que le decían que era para que sintiera lo mismo que el secuestrado.
Le colocaron un trapo en la boca y le vaciaron agua hasta casi asfixiarlo; después le colocaron una bolsa en la cabeza con el mismo fin, mientras lo golpeaban en las costillas.
También fueron torturados Octavio Favela Cinta y Marlon Matamoros, detenidos cuando presuntamente cobraban el rescate de un secuestro.
En ese delito, según la PGJDF, estaban involucrados José Alfredo Montoya, “El Sina”, y el modelo Armando González, “El Muñeco”, quien presuntamente alertó a los demás de la presencia de la policía.
El organismo local también acreditó que agentes adscritos al Operativo Cazadores, de la PGJDF, cometieron tratos crueles en contra de Irving López Núñez.
A él lo detuvieron en 2011 y le exigieron que dijera que había robado tres vehículos, pero al negarse comenzaron a golpearlo.
“Ya te dije que vas a declarar eso, hijo de tu pinche madre, ratero” y “A ver, repite 10 veces soy un pendejo”, exigía uno de los agentes al detenido.
La CDHDF determinó que servidores públicos del gobierno del Distrito Federal torturaron a 79 mujeres y 16 hombres, y la constante son los tratos crueles e inhumanos.
También se señala el caso de Óscar Yahir Quiñones Emert, uno de los involucrados en el homicidio de Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga.
Según la CDHDF, fue detenido por policías de investigación que lo esposaron y lo llevaron a unas oficinas donde lo hincaron y lo golpearon en diversas partes del cuerpo.
Lo tiraron al suelo y le pusieron en la cabeza una bolsa de plástico que le cubrió hasta el cuello, y le pegaban con las manos abiertas en el rostro.
Después le colocaron una jerga húmeda y lo golpearon en el estómago, además de que le daban toques eléctricos en los testículos y lo obligaron a masturbarse; lo amenazaron con violar a su esposa e hija si no confesaba que asesinó a las mujeres.
Perla Gómez, Ombudsman capitalina, destacó que a través de la Dirección de Atención Psicosocial se elaboró un informe de impactos Biopsicosociales y reparación del daño para atender a víctimas de tortura.
Víctimas de las autoridades
Detenidos por la SSP y PGJDF, así como reclusos, fueron blanco de torturas por parte de servidores públicos.
78 víctimas de la PGJDF
10 víctimas de la SSP
4 víctimas de PGJDF y SSP
3 víctimas de Secretaría de Gobierno
79 mujeres fueron blanco de tortura
16 hombres sufrieron ese delito
Derechos vulnerados
La Recomendación 14/2014 señala como responsables a la PGJDF, SSP, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y Secretaría de Gobierno. Como autoridad colaboradora señala al TSJDF.
– Derecho a la integridad personal, en particular a no ser sometido a actos de tortura
– Derecho a la libertad personal, es decir, a no ser sometido arbitrariamente y a ser presentado sin demora ante la autoridad que ordenó la localización y presentación
La PGJDF violó este derecho de 38 personas, y la SSP, de 8.
– Derecho al debido proceso, que se refiere a contar con una defensa adecuada, a la presunción de inocencia y asistencia consular.
La Consejería Jurídica violó este derecho de 3 personas
La PGJDF violó el derecho a la presunción de inocencia de 45 personas, y la SSP, de una.
Además, la PGJDF violó el derecho a la asistencia consular de 2 personas.
– Derecho de acceso a la justicia
Por parte de la PGJDF, hubo 53 víctimas.
– Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
La PGJDF vulneró este derecho de 13 mujeres, y la SSP, de una.
– Derechos del niño frente a procesos de procuración de justicia
Tres adolescentes víctimas por parte de la PGJDF.
La CDHDF documentó además que los técnicos penitenciarios Silverio Martínez y Guadalupe Fuentes golpearon a un recluso como castigo por presuntamente robar un cuadro con la imagen de la Virgen de Guadalupe.
La Recomendación señala que la tortura derivó en la violación de otros derechos, como al debido proceso y al acceso a la justicia.
En el caso de la PGJDF, la tortura fue cometida principalmente con golpes y asfixia a través de bolsas colocadas en la cabeza de los detenidos.
Los policías de la SSP utilizaron golpes y toques eléctricos, principalmente. Elementos de ambas corporaciones utilizaron las amenazas.
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