Venezolanas 'reclaman por sus tetas'

Más de 4.000 venezolanas usuarias de prótesis mamarias de la firma francesa PIP, consideradas defectuosas, se preparan para sumarse a una demanda para reclamar ante la justicia francesa una indemnización económica, informó este martes la Alianza de Usuarios y Consumidores de Venezuela (Anauco).

“En la primera quincena de julio esperamos presentar los casos de un primer grupo de 200 mujeres portadoras o que portaron prótesis PIP. Una vez que se admita la causa, unas 4.000 más se sumarán”, dijo a la AFP Roberto León, presidente de Anauco.

En marzo de 2010, se desató un escándalo mundial tras determinarse que la firma PIP fabricaba sus prótesis mamarias con gel de silicona no apto para uso médico en vez del gel Nusil autorizado y que la empresa declaraba utilizar.


En noviembre pasado, un tribunal francés de Tolón determinó que la firma alemana TÜV, que certificó las PIP, debía pagar una indemnización individual de 3.000 euros a 1.514 víctimas, cifra que podría aumentar según las evaluaciones médicas. Un tribunal de Aix en Provence ratificó en enero pasado la sentencia.

León explicó que será ante el tribunal de Aix en Provence que las venezolanas afectadas, asesoradas por Anauco y firmas de abogados, presentarán su querella, la que, dijo, “debe ser aceptada porque cuenta con una jurisprudencia sólida”.

León sostuvo que las PIP fueron en su momento la prótesis más utilizadas en Venezuela al ser importadas por el mayor distribuidor. Según cifras oficiales, unas 33.000 mujeres son o fueron portadoras de PIP en este país sudamericano, donde se realizan unas 40.000 intervenciones mamarias al año.

En el terreno penal, en diciembre pasado la justicia francesa condenó a Jean-Claude Mas, fundador de PIP, a cuatro años de cárcel.

Tras el escándalo mundial, en 2012 la justicia venezolana determinó la sustitución gratuita de los implantes PIP, pero sólo en los casos en que ponían en riesgo inminente la salud de la usuaria. Los procedimientos deben ser sufragados por los importadores, médicos y clínicas que practicaron la intervención.

En Venezuela rige un control de cambios desde 2002 que obliga al sector de la salud a solicitar al gobierno dólares a tasa oficial de 6,30, un trámite burocrático que se retrasa por varios meses e incluso más de un año, lo que se ha traducido en falta de insumos para el sector de la salud.

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