Al reunirse con las comisiones unidas de Hacienda y Energía de la Cámara de Diputados, para analizar las leyes secundarias del Ejecutivo Federal en materia energética, la Subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (SENER), María de Lourdes Melgar Palacios, planteó ante los legisladores los puntos principales de las propuestas del Ejecutivo Federal.
En ese marco, aseguró que la renta petrolera se quedará al 100 por ciento en el país, de modo que no se entregará la riqueza nacional a manos privadas.
Ante los reiterados cuestionamientos de legisladores sobre cuándo se cumplirá la promesa de bajar las tarifas de energía eléctrica y los combustibles en el país, el subsecretario de Electricidad de la dependencia César Emiliano Hernández respondió.
Señaló que ello podría ocurrir en un plazo de dos años, aunque habrá de hacer un esfuerzo por disminuir los costos de combustibles y aprovechar opciones como la importación de gas más barato, como el que produce Estados Unidos.
El funcionario explicó que la reducción de tarifas de energía eléctrica no puede ser por decreto, sino cuando lo amerite.
Admitió que es un hecho que México tiene tarifas muy altas que afectan la competitividad de los sectores servicios, producción y comercio, pero la fórmula para reducir los costos, consiste en que las empresas con plantas generadoras, transiten del uso de combustóleo que es 4 veces más caro que el gas natural, al aprovechamiento de ese último recurso.
Antes, en su mensaje central, la subsecretaria Melgar Palacios, afirmó que el proceso de licitaciones públicas previsto en las leyes secundarias, tendrá un sistema de pesos y contrapesos, por lo que nunca una sola institución o persona acaparará la toma de decisiones.
Aseveró que para implementar los cambios fundamentales al sector energético, será necesario fortalecer los órganos reguladores en materia energética.
Reiteró que PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también se fortalecerán y recalcó que todos los planteamientos del Ejecutivo incluyen mecanismos para mantener la transparencia, como la no aplicación del secreto bancario y que las licitaciones se otorgarán a través de procesos públicos.
Agregó que el paquete de iniciativas tiene elementos de sustentabilidad y contempla que cada proyecto en que estén involucradas las tierras de comunidades indígenas, se realizarán consultas con respeto a sus derechos.
Ante las dudas de los legisladores, quienes advirtieron que la expropiación de tierras para operación de agentes privados generará “muchos Atencos” y el fin de las leyes es privatizador, la funcionaria aseveró que la visión del Ejecutivo Federal es “nacionalista”, pues no se piensa entregar la riqueza energética a manos privadas.
La subsecretaria de Hidrocarburos indicó que la reforma constitucional en energía, estableció un cambio fundamental en el sector energético de apertura a la libre competencia.
Enfatizó que la SENER definirá los lineamientos técnicos de los contratos, el contenido nacional y los contenidos tecnológicos; mientras que la Secretaría de Hacienda definirá las consideraciones fiscales de los contratos.
Una vez emitidas las licitaciones, la Comisión Nacional de Hidrocarburos suscribirá los contratos a nombre del Estado.
La Comisión de Hidrocarburos también autorizará la explotación de pozos y se encargará de administrar los contratos, en tanto que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente, también será estratégica.
Expuso que otro cambio legal fundamental para asegurar que el Estado tendrá toda la renta petrolera, es la creación del Fondo Mexicano del Petróleo, que captará los recursos generados por la actividad en la industria.
PEMEX tendrá asignaciones de participación en la industria, a través de la llamada “ronda cero”, pero en caso de ser necesario, también podrá “migrar” sus contratos a agentes privados.
El sector de transformación de gas natural y petroquímica también se abre a la inversión privada, refirió, por lo que resultará relevante el cambio de modelo en la industria de gas natural, para lo que se creará un nuevo organismo capaz de impulsar dicho rubro.
Con el nuevo gobierno corporativo y régimen fiscal de PEMEX y CFE, esas instancias se fortalecerán y podrán ser competitivas, dijo.
Puntualizó que el aspecto de “contenido nacional” en las leyes energéticas, contempla una meta de 25 por ciento de participación con miras al 2025; en tanto que se constituirá un fideicomiso público para capacitar a pequeñas y medianas empresas que pudieran certificarse como proveedores del sector energético.
Sobre el precio de las gasolinas, la funcionaria planteó que entre los factores tomados en cuenta para liberar el precio, se analizó el subsidio al combustible, que es regresivo y por ello se establece que los aumentos mensuales concluyen este año y a partir del 2015 se pondrá un precio tope, para abrir las importaciones en 2017 y liberar los precios.
En las intervenciones de los legisladores, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alberto Curi Naime, cuestionó cómo se verificará que los proyectos en las comunidades no afectarán el derecho de los pueblos originarios.
Por el Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Juan Bueno subrayó que la propuesta del Ejecutivo no indica cómo se generará un mercado realmente competitivo.
Consideró que la iniciativa pone plazos “muy lejanos”, para la libre importación de gasolina y energía eléctrica, cuando ambos elementos permitirían dinamizar la oferta y demanda en ese mercado.
Tampoco queda claro cómo cobrará el gobierno federal por los contratos a empresas privadas, indicó Bueno Torio.
Expuso que si se mantiene el umbral de consumo en energía eléctrica tal y como plantea la iniciativa, solo participarán en el mercado 250 grandes empresas, y no todas las pequeñas y medianas que podrían intervenir.
A nombre del PRD, el diputado Carol Antonio Altamirano, advirtió que el planteamiento oficial provocará que el país pierda la seguridad energética, pues dependerá aún más de las importaciones.
Recriminó y cuestionó a la subsecretaria de Hidrocarburos que haya declarado al periódico Financial Times, que las reservas de crudo también se ofrecerán a la iniciativa privada.
Emplazó a la funcionaria a retractarse o desmentir la publicación, la aludida no respondió.
Tras enfatizar que la Constitución contempla el derecho a un medio ambiente sano, porque hay conflicto entre explotación de hidrocarburos y los derechos de la población, sentenció que si a los comuneros no se les retribuye de manera justa y por los medios correctos, y si no se les brindan alternativas de desarrollo para la población, el Gobierno Federal generará “muchos Atencos” y una crisis de ingobernabilidad.
Por la bancada del Movimiento Ciudadano (MC), el diputado Ricardo Mejía calificó la visión del Ejecutivo en materia energética, como la de un “mercader, de desmantelar la industria energética y entregarla a los intereses internacionales”.
Insistió en cuestionar cuántas ganancias se estima generará la intervención de los agentes privados en el sector, la falta de claridad en la ronda cero y el riesgo de conflictos que se generará cuando comiencen a decretarse expropiaciones, bajo el argumento de que la industria energética es un asunto de utilidad pública, pero a favor de inversionistas privados y extranjeros.
“Nos salen que con que los grandes tiburones del sector energético internacional son damas de la caridad y habrá que darles un premio por su buena voluntad. No le parece que sea ingenuidad del Gobierno, le parece que es complicidad”, advirtió, luego de que la subsecretaria aseverar que el 100 por ciento de la renta petrolera será para el país.
De igual modo, lamentó que no se prevean lo riesgos que implicará el fracking para el medio ambiente y la salud de las personas en los sitios donde se practicará, lo anterior, tras recordar que a nivel internacional, la tendencia es prohibir dicha técnica de explotación de gas lutitas.
El vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Cantú, expresó que México está siendo “muy blandengue” al establecer solo 25 por ciento de contenido nacional en la actividad energética, y también “muy permisivo” con el pago de regalías por barril.
La coordinadora del Partido Nueva Alianza (PANAL), María Sanjuana Cerda, recalcó que la información sobre la propuesta del Ejecutivo no es clara, hay muchas lagunas de información, en particular sobre lo que sucederá con el pasivo laboral de PEMEX, que en suma, es de 1 billón 308 mil millones de pesos.
Por el PAN, el diputado Juan Francisco Cáceres, dijo a los funcionarios que “no se vale” decir que la energía eléctrica bajará de precio, pero no se aclare cuándo. No se vale engañar a la gente creando falsas expectativas, apuntó.
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